A la vuelta de una semanas en el parlamento andaluz continuará su trámite parlamentario hasta su aprobación el proyecto de Ley de Medidas frente al Cambio Climático elaborado por el gobierno de la Junta de Andalucía. Y para algún momento de este año se espera, también, que llegue al Congreso la Ley de Cambio Climático y Transición Energética que prepara el gobierno central.
Pero el proceso de esta norma está en un punto bien distinto de la autonómica andaluza. De manera que esta será probablemente la primera ley de cambio climático que comience a aplicarse en España, toda vez que la ley catalana aprobada en julio de 2017 fue recurrida por el gobierno central ante el Tribunal Constitucional y desde ese momento está cautelarmente suspendida por el alto tribunal.
Pero, centrándonos ahora en el proyecto de ley andaluz, José Fiscal, consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía, destaca en una entrevista mantenida con él, que «los objetivos que marca la ley se complementan con los del Acuerdo de París. Nosotros compartimos ese acuerdo y pensamos que es clave para que el cambio climático pueda tener solución. Por eso los objetivos de la ley son los objetivos de París». Eso en cuanto al espíritu. En lo concreto «el objetivo más importante es la reducción del 18 por ciento de las emisiones en 2030, en relación con las de 2005. Pero, además, ese objetivo no está cerrado, sino que se revisará y actualizará cada seis años como mucho.
¿Por qué? Pues porque el cambio climático es un fenómeno que está vivo, del que tenemos continuamente mucha información y datos, de manera que podemos saber su comportamiento y evolución, que pueden requerir nuevos ajustes; como también puede ocurrir, -continua Fiscal-, que España se sume a nuevos e hipotéticos acuerdos internacionales, más ambiciosos. En ese caso la ley también tendría que ajustarse a esa nueva situación». Sin embargo, es optimista respecto a la compatibilidad de la norma andaluza con la futura ley estatal «nosotros estamos muy atentos para que sea compatible. De hecho, según el ministerio el objetivo es, también, ajustarse al Acuerdo de París, de manera que no debería haber contradicción entre ambas leyes. Es que no tendría ningún sentido aprobar una ley de cambio climático que no supusiera verdaderamente alinearse a lo que todos los expertos consideran como unos mínimos».
Esta ley llega al parlamento después tres años de un intenso trabajo y negociación previos «con los sectores más afectados, que son exclusivamente los difusos. Es decir, los sectores industriales que no se rigen por protocolos internacionales, como el Régimen Europeo del Comercio de Derechos de Emisión, y en ese sentido están controladas». Pero, bajo el punto de vista del gobierno andaluz, «los sectores difusos, como el transporte, la agricultura, la edificación, las administraciones, etc., que suponen el 55 por ciento de las emisiones relacionadas con el cambio climático en Andalucía, estaban en un vacío legal. Pero, el hecho de contar con la experiencia anterior de la Estrategia de Cambio climático, que aprobamos hace 15 años, con programas de reducción de emisiones y de adaptación, además de otro de comunicación, nos ha servido ahora para acomodar todos esos sectores en esta ley. De manera que, a partir de ahora, tanto los grandes emisores de CO2 de los sectores difusos, como las administraciones tendrán objetivos concretos que cumplir». Por la parte de las empresas serán más de 600 «las que estarán obligadas a presentar planes de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero».
Sin embargo, el cambio climático es un fenómeno que, más allá de las alteraciones meteorológicas que puedan darse con más o menos intensidad, a menudo el ciudadano de a pie no percibe como que le afecta directamente. «¿Le afectará la entrada en vigor de la ley, cómo lo va a notar?», son las preguntas que le planteamos al consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía, José Fiscal: «Los municipios de más de 50.000 habitantes tendrán que elaborar y aprobar un plan de reducción de emisiones, que afectará sobre todo al transporte y a la iluminación públicos. Y ahí se producirán actuaciones concretas que redundarán en la vida, en las actividades diarias que cualquier ciudadano realiza. Y también, –continúa Fiscal-, por el hecho de que las empresas que más energía eléctrica consumen, que asimismo tendrán que reducir sus emisiones e introducir cambios en su modo de operar, incorporar las mejores técnicas disponibles a los procesos productivos. Y lo que también afectará a mucha gente».
Hay, además, «una cuestión muy importante: y es que el cambio climático se incorpora a todos los sectores de la administración pública. Es decir, cualquier iniciativa, obra, inversión o actuación de la administración en Andalucía deberá llevar el informe de cambio climático. Por eso es una ley transversal. Si se plantea una propuesta tendrá que contar con el informe de incidencia en cambio climático; de manera que, con toda la información en la mano y si fuera necesario, se puedan tomar las medidas correctoras que se consideren adecuadas». En este sentido, el consejero tiene muy claro cuál es uno de los papeles del sector público: «tenemos que predicar con el ejemplo, porque también somos emisores. Y no podemos obligar al sector privado si nosotros no nos aplicamos la misma norma».
Cierto que eso implica un esfuerzo importante «aunque, gracias a las estrategias desarrolladas en estos años atrás, y que son la base de esta ley, se alcanzaron reducciones importantes. De hecho, un andaluz emite menos que la media de España y de Europa. Lo que no quita para que entendamos que hay que seguir reduciendo». Y destaca dos ámbitos: «la agricultura y el transporte son sectores que tendrán que hacer un esfuerzo de reducción de emisiones».
En todo caso, José Fisca es optimista sobre el futuro porque « los sectores industriales tienen muy interiorizada esta cuestión. Por las estrategias de cambio climático que aprobamos en su día, y por el trabajo de negociación que se ha hecho para elaborar el proyecto de ley. Es más, desde un punto de vista, digamos filosófico, yo creo que es muy compartida la idea de que hay que reducir emisiones». Ahora bien, a pesar del camino recorrido «todavía hay margen para la reducción. Eso, por una parte, nos permite ser optimistas porque se pueden alcanzar los objetivos; pero, también, nos obliga a tomar medidas, precisamente, para alcanzarlos».
Si el trámite parlamentario no cambia sustancialmente el proyecto presentado, una vez que entre en vigor, entre otras novedades, se crearán la Oficina Andaluza de Cambio climático, como entidad de apoyo y fomento de las políticas de mitigación, adaptación y comunicación; la Red de Observatorios de Cambio climático de Andalucía, que incorporará el conocimiento científico que se genere en los centros de investigación andaluces, a la toma de decisiones y a la planificación socioeconómica; y la figura del Municipio de Baja Emisión de Carbono, cuyo reconocimiento posibilitará la concesión de ayudas o subvenciones de la Junta.
Obviamente, por bueno que sea el contexto detectado por el consejero de Medio ambiente, no se pueden descartar incumplimientos o infracciones, por lo que la ley también prevé un régimen sancionador. Para las infracciones leves las multas pueden llegar a 30.000 euros, y las graves hasta 60.000, a lo que se sumaría en este caso la imposibilidad de obtener durante dos años préstamos, subvenciones o ayudas públicas en materia de medio ambiente.
Si el proceso parlamentario transcurre sin retrasos, «lo previsible es que la ley pueda entrar en vigor a comienzos del curso político próximo, hacia septiembre más o menos», estima José Fiscal.
