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Claves para entender el desastre ecológico del Mar Menor

La situación del Mar Menor es crítica. A mediados del mes de agosto aparecían hasta cinco toneladas de peces y crustáceos muertos a orillas de la laguna de agua salada más grande de Europa. ¿La causa?, un fenómeno natural que se conoce como anoxia, que obliga a los peces a buscar el oxígeno que les falta en la orilla del mar y en pocas horas acaba provocándoles la muerte.

La anoxia en el Mar Menor se produce fundamentalmente por el vertido de una gran cantidad de nutrientes (nitratos y fosfatos) procedentes de explotaciones agrícolas. Estos vertidos provocan el aumento de fitoplancton (microalgas) que enturbia el agua y consume el oxígeno de la laguna.  

Alimentos sanos en ecosistemas sanos

El episodio de anoxia más grave que había ocurrido en el Mar Menor hasta la fecha se produjo el 12 de octubre de 2019 en la playa de Villanitos, en la que murieron toneladas de peces y crustáceos tras unas lluvias torrenciales que agravaron una situación ya de por sí delicada. Pero la laguna se encuentra en un estado precario desde la primavera de 2016, cuando se hizo patente el proceso de eutrofización que sufre el Mar Menor en forma de ‘sopa verde’. Entonces, la falta de luz de los fondos marinos hizo desaparecer hasta el 80% de las praderas marinas, según un estudio del Instituto Español de Oceanografía.

“Queremos alimentos sanos en ecosistemas sanos”, han repetido hasta la saciedad organizaciones sociales y ecologistas de toda España durante los últimos años. “La agricultura y el agua de los humedales deben entenderse”, reclamaba Amanda del Río, directora Técnica de la Fundación Global Nature en las redes sociales. “El Mar Menor, las Tablas de Daimiel, la Albufera, el Delta del Ebro…, ¿cuantos humedales más tendremos que ver destruidos para que atendamos las señales de socorro que nos envían estos ecosistemas esenciales para la vida en la Tierra?”.

Dejadez e inacción política

Desde que se iniciara esta nueva crisis en la laguna de agua salada del Mar Menor, las administraciones regionales y estatales se han echado la culpa mutuamente. El Gobierno central acusaba al autonómico de “mirar hacia otro lado” en el cumplimiento de su papel de vigilancia y sanción: “no es posible que por miedo a la aplicación de la ley se esté dando cobertura a unos pocos regadíos ilegales que ensucian y emborronan el trabajo que se viene haciendo en la laguna en los últimos años”, decía la vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, en rueda de prensa tras su visita al Mar Menor.

Por su parte, la administración regional apremiaba al Gobierno de España a poner fin a la entrada de agua dulce y nutrientes por la rambla del Albujón y retirar “de manera inmediata” los fangos y lodos de la laguna, tal y como se habían comprometido en septiembre de 2019. “No vamos a permitir que la inacción del Gobierno de España conlleve al empeoramiento del Mar Menor. Por eso hemos dado un paso firme, solicitando la transferencia de las competencias de la cuenca, así como la firma de un convenio que nos permita ejecutar el Colector Vertido Cero”, señalaba el consejero de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente de la Región de Murcia, Antonio Luengo, en su comparecencia en la Asamblea Regional.

Más allá de la polémica política sobre las responsabilidades en la gestión de la crisis del Mar Menor, queda el desastre ecológico. La plataforma Pacto por el Mar Menor junto a otras organizaciones conservacionistas, como Greenpeace o Ecologistas en Acción, consideran positivo el encuentro que se ha mantenido entre la Comunidad Autónoma de Murcia y el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, para que ambas administraciones salgan al encuentro de soluciones de forma conjunta. Sin embargo, las ONG reprueban que ese acercamiento no se hiciera años atrás, cuando se dio el primer episodio de ‘sopa verde’ en 2016. “El desastre ecológico del Mar Menos se podía haber evitado, aseguraba Greenpeace en un comunicado. “Si se hubieran tomado decisiones antes no se habría llegado a la situación actual”.

Décadas de abandono y permisividad

El Mar Menor no entró en crisis de forma repentina el pasado domingo 15 de agosto, cuando empezaron a aparecer peces y crustáceos asfixiándose en la orilla de las playas de La Manga. Ese fue el día en el que se volvieron a repetir, por segunda vez en dos años, las escenas de animales marinos saliendo a la superficie para intentar respirar debido a la falta de oxígeno (anoxia) en las aguas de la laguna.

Pero los primeros síntomas de degradación del Mar Menor se remontan a los años 80 con la llegada del trasvase Tajo-Segura, que transforma paulatinamente los cultivos de secano en regadío intensivo. Ese es el origen del colapso de la laguna, según un informe de Greenpeace. En aquella época el regadío sólo representaba el 12,8 % de la superficie cultivable, pasando a ocupar el 50,24 % en a penas 20 años. “Entre 1988 y 2009 el regadío pasó de ocupar 25.150 hectáreas a unas 60.700”, asegura la organización ecologista. “La zona de regadío aumentó tanto que acabó pegada a la laguna, con el incremento de consumo de agua y proliferación de pozos que eso conlleva. Además, se produjo una mayor huella urbanística y la presencia de macrogranjas en el campo de Cartagena que han contribuido a la destrucción del Mar Menor”.

Los regadíos ilegales en el punto de mira

En la actualidad el Mar Menor se encuentra al borde del colapso por el aporte de nutrientes procedentes de los regadíos intensivos. El crecimiento exponencial de algas es tan alarmante que ha reducido la cantidad del oxígeno en el agua, haciendo desaparecer de forma masiva la fauna autóctona e imposibilitando el baño y la pesca.  Y como muestra un botón. En 2012, la cifra de caballitos de mar rozaba los 190.000 ejemplares, hoy la comunidad científica cifra en unas pocas docenas el número de estos animales.

Ante tal desastre ecológico, Miguel Ángel Esteve, Catedrático de Ecología de la Universidad de Murcia recuerda la necesidad de ir al origen del problema y “reformular la actividad agraria en el campo de Cartagena”. En su opinión, “la solución pasa por quitar los regadíos ilegales que ocupan en torno a 10.000 hectáreas de terreno. ¡Llevamos dos décadas reclamándolo”.

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