A todos nos ha pasado. Se nos ha estropeado un electrodoméstico, un ordenador o la televisión, y al intentar llevarlo a reparar ha sido imposible. Pero ahora, todo va a cambiar. El pasado 1 de marzo entró en vigor la legislación europea del llamado “Derecho a reparar”. ¿Qué supone esta nueva legislación? ¿Cómo te afecta?
“Con lo que cuesta el arreglo, es mejor que compre uno nuevo” o bien “se le ha estropeado una pieza que ya no se fabrica y va a ser difícil repararlo”. Seguro que, alguna vez, al intentar reparar un producto tecnológico te has encontrado con una de estas respuestas. Esta situación, que se produce en casi cualquier aparato electrónico, ha ido creciendo de forma paulatina en los últimos años ya que somos muy dependientes de una tecnología que evoluciona de manera cada vez más rápida. Sin ir más lejos, los fabricantes de Smart TVs o los de smartphones, renuevan sus catálogos de producto varias veces al año, por lo que los lanzamientos presentados a principios de año quedan anticuados al finalizar el mismo. Al consumidor se le bombardea diariamente con nuevos productos que le incitan a cambiar de lavadora o de televisión. Ya no es sólo una estrategia de marketing sino que una vez pasado el tiempo, dejan de dar servicio a modelos antiguos y de fabricar componentes por lo que se produce el famoso, “le sale más rentable comprar uno nuevo”.
Pero esto ha cambiado con la entrada en vigor del llamado “Derecho a reparar”. Con esta nueva normativa europea se obliga a los fabricantes de máquinas como lavadoras, smart TVs, lavavajillas o frigoríficos, a garantizar que cualquier producto que salga al mercado pueda ser reparado durante 10 años.
Pero no se queda ahí la normativa sino que va más lejos. La propuesta de la UE pasa también porque pueda ser el propio usuario el que, si tiene conocimientos, pueda reparar por él mismo el producto y para ello, el fabricante le tiene que poner los menores impedimentos posibles. Por el momento, la legislación comunitaria sólo afecta a este tipo de productos ya que se entiende que los grandes electrodomésticos son más sencillos de reparar ya que el usuario puede tener acceso al interior de los mismos. Esto es algo que no sucede con portátiles, tabletas o smartphones que en muchas ocasiones vienen sellados y por tanto, es obligatorio ir a un servicio técnico para que, simplemente, lo pueda abrir. Pero el pasado 10 de marzo, la Comisión ya anunció que esa legislación también se va a ampliar a estos otros dispositivos.
Una industria muy contaminante
El derecho a reparar, efectivamente, favorecerá que los productos electrónicos tengan una mayor duración y por tanto, al usuario le resultará más rentable económicamente la adquisición de un producto ya que alargará su vida útil. Se quiere conseguir que nos pensemos mucho adquirir un nuevo producto cuando lo podemos reparar y así reducir los residuos electrónicos. Porque la industria tecnológica y de la electrónica es una de las más contaminantes. La cantidad de residuos electrónicos, además, sigue aumentando año tras año siendo los que más crecen de toda la tipología de residuos y alcanzan los 50 millones de toneladas, lo que equivale a unas 4.500 Torres Eiffel. A ello, hay que sumarle que sólo se recicla entre un 15 y un 20% de todos ellos, una cifra irrisoria si se compara con otros sectores.
El derecho a reparar, se apoya en un conjunto de políticas de amplio alcance conocido como Green Deal y que resume las ambiciones de la Unión Europea para promover un crecimiento económico más sostenible y prevenir el desperdicio. Durante la presentación de la iniciativa, el comisario de medioambiente de la Unión, aseguró que lo que se pretende con el “derecho a reparar” es terminar con el modelo de usar y tirar: “Queremos asegurarnos de que los productos comercializados en la UE estén diseñados para durar más, que sean más fáciles de reparar y actualizar, más sencillos de reciclar y más viables de reutilizar”. Sin embargo, para que este modelo alcance a todos los productos electrónicos debe alcanzar el rango de Ley y para ello hay que poner de acuerdo a los 27. Es decir, todo el proceso todavía se puede alargar durante unos cuatro años más. Pero cuenta con un punto a favor que es la concienciación de la sociedad, cada vez más comprometida con la sostenibilidad pero sobre todo, harta de tener que comprar, por ejemplo, un móvil nuevo porque el suyo, una vez que se le ha acabado el periodo de garantía empieza a fallar y, o bien el coste de la reparación es muy elevado, o bien no se puede reparar. Así que el comisario se apoya en un estudio que indica que dos tercios de los ciudadanos europeos quieren que sus dispositivos electrónicos les sirvan durante más tiempo. Ese mismo informe señala que los usuarios exigen indicaciones más claras sobre la vida útil de un producto, que las reparaciones puedan ser realizadas por el propio usuario o que los repuestos se puedan encontrar de forma más sencilla.
Obsolescencia programada
Uno de los problemas de toda la industria tecnológica, sobre todo de la electrónica de consumo, es la denominada obsolescencia programada. En el caso de los smartphones es algo sangrante. Según un informe de la American Journal of Engeineering Research, la industria del smartphone ha estado utilizando la obsolescencia programada como uno de los pilares de sus estrategias de ventas y es uno de los motivos por el que a casi el 50% de los usuarios su smartphone le dure como mucho dos años. De hecho, solo al 9% les aguanta el móvil tres años.
Los fabricantes dicen para defenderse que los terminales más modernos consumen mucha menos energía pero lo cierto es que un móvil no es una nevera o un horno y el consumo energético de un smartphone es insignificante. Da igual si el móvil tiene diez años o diez días. Lo que no es irrelevante es la basura electrónica que se genera cada vez que decidimos cambiar nuestro teléfono. Una basura que, ocupa menos que los neumáticos, pero que es infinitamente más contaminante y que de seguir al ritmo actual alcanzará los 120 millones de toneladas anuales en 2050 desde los 50 millones actuales tal y como se afirma desde la ONU. Todo ello, sin contar con que para fabricar un smartphone o un ordenador se necesitan obtener metales específicos que se extraen de minas y que suponen incrementar de forma muy importante la huella medioambiental.
Son numerosos los fabricantes que han hecho de la obsolescencia programada una estrategia, con una firma que lidera las demandas: Apple. Por ejemplo, la firma de la manzana llegó a un acuerdo con la Justicia norteamericana y pagó 500 millones de dólares para evitar el sonrojo de ir a un juicio en el que se pusiera de manifiesto que empeoró de forma deliberada el rendimiento de las baterías de sus iPhones para que los usuarios tuvieran que ir a un servicio técnico oficial para reemplazarla o, directamente comprar un teléfono nuevo. La propia Apple y la coreana Samsung, tuvieron que hacer frente a sendas multas por parte de la Comisión del Mercado de la Competencia de Italia hace un par de años por “ introducir actualizaciones en sus teléfonos móviles que causaron graves fallos y redujeron significativamente su funcionamiento, acelerando así su sustitución por productos más recientes». Además, una asociaciones de consumidores de Italia, España, Portugal o Bélgica han anunciado o van a anunciar en breve demandas contra la multinacional por este motivo.
Pero gracias a la nueva normativa del “derecho a reparar” y otras iniciativas similares, los fabricantes empiezan a ser conscientes de que la obsolescencia programada tiene los días contados. De hecho, la propia Apple ya ha desarrollado su propia hoja de ruta para un desarrollo sostenible entre las que se encuentra la apuesta por el uso de energías sostenibles o el uso de materiales reciclados en todos sus productos. El resto de empresas del sector TIC también tienen planes relacionados con la sostenibilidad y fabricantes de ordenadores, impresoras o la industria del software entre otras, tienen al medioambiente como uno de los pilares de su estrategia. Poco a poco, se va avanzando.
