Pocas veces las COP terminan con resultados que satisfagan a todos. Es una constante en la que solo la de París, celebrada en 2015, rompió claramente con la “tradición” gracias al Acuerdo alcanzado por todos los países de limitar el calentamiento global por debajo de los 2 grados, preferiblemente a 1,5.
Las siguientes cumbres del clima, aunque en alguna se ha alcanzado algún compromiso relevante, han dejado diferentes grados de insatisfacción en muchos gobiernos, en todas las organizaciones ecologistas y en la comunidad científica, que reprochaban a muchos países su escasa ambición climática y menor compromiso con la reducción de emisiones.
La última COP celebrada en la ciudad egipcia de Sharm el Sheji no ha sido una excepción. En ambición climática, es decir en avances reales para reducir las emisiones de CO2 de manera que se pueda cumplir el objetivo de París, no se ha avanzado prácticamente nada. Se ha salvado, eso sí, el compromiso del 1,5°, que a punto estuvo de ser abandonado con el pretexto de la crisis energética derivada de la guerra de Putin.
Pero, sobre todo, esta COP será recordada porque en ella se acordado crear un fondo para ayudar a los países vulnerables al cambio climático a asumir el coste económico por las pérdidas y daños ocasionados por el calentamiento global.
Justicia climática
Era una demanda histórica por la que llevaban luchando 30 años los países del Sur Global: África, Asia meridional, América Central y del Sur y los pequeños Estados insulares más pobres -estos últimos agrupados en la AOSIS (Alianza de Pequeños Estados Insulares, en sus siglas en inglés, de la que forman parte 39 países insulares y continentales con costas de baja altitud y los representa en negociaciones internacionales de cambio climático y desarrollo sostenible)-.
Todos ellos, más la presidencia de la COP27, a cargo de Egipto como país organizador, y el propio secretario general de la ONU, Antonio Guterres, habían planteado esta cumbre como la que, sí o sí, fuera la que diera luz verde a este compromiso.
Y, esta vez sí, por fin la comunidad internacional, los países desarrollados específicamente, han aceptado compensar a los más vulnerables al cambio climático por daños y perjuicios que les causa este fenómeno. Al que, por otra parte, no han contribuido históricamente.
Pero sí que lo sufren claramente: ahí están las inundaciones ocurridas en Pakistán el pasado verano y que afectaron al 10 por ciento de su territorio, costaron la vida a 1.500 personas, obligaron a desplazarse a más 33 millones, así como estragos en la agricultura y ganadería y otros medios de vida, con unas pérdidas económicas estimadas en 30.000 millones de euros.
Como están también las largas sequías en la zona del Cuerno de África, con mayor gravedad a causa del incremento de las temperaturas, o como la frecuencia e intensidad de las tormentas tropicales en el Caribe y Centro América, o como la amenaza que se cierne sobre los 33 atolones que forman el pequeño estado insular de Kiribati, que, si aciertan las previsiones, será uno de los primeros en desaparecer bajo las aguas por el aumento del nivel del mar
Son solo algunos ejemplos de lo que significa el incremento de fenómenos climáticos extremos y la lenta acción sobre los ecosistemas del cambio climático. Estragos en la naturaleza, pérdida de los medios de vida y sufrimiento en las personas, todo ello resumido en una expresión: pérdidas y daños. Para los que los países afectados, la sociedad civil y las organizaciones humanitarias y ambientalistas vienen reclamando a los países desarrollados acción a los países desarrollados que son, a la vez, responsables del problema.
“Es un avance en la agenda internacional de solidaridad con los más vulnerables y abre un proceso para cambiar la estructura del sistema financiero internacional”, declaró Valvanera Ulargui, directora general de la Oficina Española de Cambio Climático del MITERD, tras la cumbre.
La propia Ulargui avanzaba, en un encuentro con periodistas antes de viajar a Sharm el Sheji, que el de pérdidas y daños “va a ser uno de los grandes temas políticos de esta cumbre. Porque no es una agenda que empiece desde cero en la Convención de Cambio Climático y ha cogido un peso suficiente para ello. Son muchos años los que se viene pidiendo una respuesta, una solución y una demanda de que se trabajara firmemente en este capítulo”.
Así que, finalmente, en Egipto “se abre una nueva agenda que hay que resolver a nivel internacional, a nivel de Naciones Unidas, que pone de manifiesto los impactos que están sufriendo los países más vulnerables, que conllevan pérdidas sociales y económicas”.
Vidas, economía y migraciones.
El concepto de pérdidas y daños agrupa tres bloques, especificaba la directora de Oficina Española de Cambio Climático: “hablamos, primero, de evitarlos y para lo que se necesitan más reducción de emisiones; segundo, de minimizarlos, y aquí entra la agenda de adaptación, cómo ser, por ejemplo, más resilientes para que cuando llegue el siguiente tornado tener una estructura que no esté en el mismo lugar donde se la ha llevado el anterior; y, tercero, cómo hacer frente a esas pérdidas y daños ya causados. Y ahí es dónde está el meollo de la cuestión. Donde está el reto de esta conferencia. Cómo entra la comunidad internacional a resolverlo, y para ello hay que hablar de rehabilitación, de reconstrucción y de protección social. Pero también, y esto es muy importante, -enfatizaba Ulargui-, hay que hablar de migración climática. ¿Qué va a pasar cuando sea la norma que un país, como Pakistán, pueda ver inundada más de la mitad de su territorio todos los años? Por no hablar de las islas del Pacífico, que viven en un escenario que más a corto que a largo plazo se verán cubiertas por el mar. ¿Qué va a pasar con todas esas personas que viven en esos lugares?”.
Por todo esto es por lo que han insistido y peleado las delegaciones de esos estados más vulnerables hasta lograr convencer a los países desarrollados de su responsabilidad moral de pagar los daños económicos que les ocasiona el cambio climático.
La expresión pelear parece ajustada a la realidad, según cuentan las crónicas. Dos semanas de intensas negociaciones En este punto, hay que tener en cuenta cómo es el sistema de gobernanza y negociación de las COP, cuyo procedimiento de trabajo se basa en el consenso. Llegar a un documento final implica un largo proceso de presiones y cesiones, en el que hasta la última palabra es mirada y remirada con lupa, y cuyo texto no se aprueba hasta que absolutamente todas las delegaciones de los casi 200 países integrantes en la Convención Marco de Cambio Climático de la ONU, lo aceptan.
Por eso, si bien en todo el trabajo y las reuniones que se desarrollan previamente a la cumbre se había puesto este asunto firmemente sobre la mesa, en un principio no estaba claro que llegados a la cumbre fuera a entrar en la agenda y, mucho menos, que se fuera a acelerar la creación de una fórmula específica de financiación para este capítulo, que era justo lo que demandaban los países afectados.
Y, cuando se dice financiación, se está diciendo crear un fondo que recaude el dinero aportado por los países desarrollados que los países menos desarrollados y más vulnerables al cambio climático puedan dedicar a afrontar las consecuencias económicas causados por los desastres ya sufridos y los que puedan llegar en el futuro.
Más teniendo en cuenta que se trata de países que, como manifiesta la primera ministra de Barbados, Mía Mottley, cuyo discurso enfatiza “la necesidad de cambiar la gobernanza financiera internacional, que no da respuesta a países que ya están endeudados y no pueden generar nueva deuda con nuevos préstamos para acceder a tecnologías para una transición energética limpia ni para responder a unos impactos previstos por los escenarios de cambio climático”.
Plazos, cuánto, quiénes y cómo
La previsión es que este acuerdo sea realidad en 2023. Ahora bien, queda ahora por resolver la fórmula definitiva que tomará este fondo nuevo. Será en los próximos meses cuando se negociará quiénes aportarán el dinero y las cantidades, –los países desarrollados no querían ser los únicos y proponían que China, el mayor emisor en la actualidad, también colabore dada su capacidad financiera-; qué países serán los beneficiarios, -se limitará a los considerados como más vulnerables, pero no se incluirá a todos los considerados en desarrollo, según una clasificación de 1992 que incluye a China, Catar, Arabia Saudí y Kuwait, ya que el mundo actual no es como era hace treinta años-, cómo se llevará a cabo el abono, etc. Será un Comité de Transición, formado por 24 miembros que se designarán este mes, el que tome las decisiones sobre el nuevo fondo.
A pesar de todo el camino que falta por recorrer para que este fondo sea una realidad, solo el hecho de llegar a alcanzar el acuerdo para crearlo ha supuesto un triunfo celebrado tanto por la las ONG ambientales y humanitarias como por los representantes de los países afectados.
Así, el enviado especial de Barbados, destacó el fuerte liderazgo de la alianza de pequeños estados insulares y consideró la creación del fondo como “una victoria para la Humanidad”. Para António Guterres, secretario general de la ONU, “la COP27 ha dado un paso adelante para la justicia”; para Simon Stiell, secretario ejecutivo de ONU Cambio Climático «es un resultado histórico que beneficia a los más vulnerables de todo el mundo”; y la presidenta de la Comisión Europea, Úrsula von der Leyen expresó que “se ha dado un paso hacia adelante hacia la justicia climática”.
