La Ley de Cambio climático y transición energética entra en la agenda política y social

Aunque es pronto para confirmar cuándo estará lista para entrar en vigor, ni siquiera cuándo llegará al pleno del Congreso de los Diputados, sí es momento para decir que la futura Ley de Cambio climático y transición energética ha comenzado ya a ser una realidad. Poco menos que incipiente, desde luego, pero lo cierto es que los primeros pasos para su elaboración ya, por fin, se están dando.

Esta ley responde al compromiso de España, como miembro de la Unión Europea, que, a su vez, ratificó el Acuerdo de París. Será el marco legal a través del cual, teóricamente al menos, España cumplirá con los compromisos a los que le obliga su pertenencia a la UE. En principio, su aplicación tiene que servir para lograr reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en cantidades muy importantes. El objetivo conjunto de la Unión Europea es llegar a una reducción del 40 por ciento de las emisiones –respecto de las de 1990- en 2030. De ese porcentaje a España le correspondería recortar sus emisiones, un 24 por ciento de aquí a 2030, según la asignación de la UE, en relación a 2005.

El camino de la Ley de Cambio climático, que por su propia naturaleza y objetivos está llamada a ser trascendental en la vida del país, ya ha tenido varios hitos. El último ha sido la celebración, a finales de mayo, de las jornadas “España, juntos por el clima”. Organizadas por el Ministerio de Agricultura y Alimentación, Pesca y Medio Ambiente, el objetivo era favorecer la reflexión conjunta entre representantes de distintos actores sociales para recoger aportaciones de la sociedad de cara a la elaboración de la Ley de Cambio climático. Con estas jornadas se inauguraba un proceso participativo para la elaboración de la ley, al que seguirá la apertura de una consulta pública, antes de su redacción.

Durante dos jornadas se desarrollaron cinco sesiones de trabajo sobre diversas áreas de interés de los principales sectores, bajo estos títulos: El sector agrícola, ganadero, forestal y de la alimentación; la importancia de la adaptación al cambio climático en España; las soluciones de las ciudades: sector residuos, residencial y movilidad urbana; un modelo de transporte sostenible y bajo en carbono y la energía y la industria en la transición hacia un modelo bajo en carbono.

En estas sesiones de trabajo participaron expertos provenientes de muy diversos  sectores agrupados en siete mesas redondas según los intereses que representaban: administraciones públicas, -de los tres niveles: estatal, autonómico y municipal-, representantes parlamentarios de los grupos políticos, empresas, sector financiero, ONGs, sindicatos, científicos, juristas, etc.

Se trataba de identificar los aspectos clave que deben estar contenidos en la Ley de Cambio climático, que en cada sesión se debatían y consensuaban por parte de los diferentes grupos, para a continuación exponerlos ante el resto. El compromiso del Ministerio de Medio Ambiente es tener en cuenta las conclusiones de estas jornadas en la elaboración de la Ley. Antes, está previsto que todas las aportaciones de estas sesiones de trabajo se publiquen en la página web del ministerio de manera que puedan ser consultadas por el público.

Una ley de cambio climático y transición energética, que así se llamará, es una norma de gran envergadura; será la herramienta para la aplicación de las políticas necesarias para actuar contra el cambio climático; a partir de su publicación en el BOE todos los niveles de la administración pública tendrán que revisar sus normativas y adaptarlas para estar en coherencia, puesto que tiene un rango superior; su aplicación afectará a todos los sectores productivos y, por ello mismo, tendrá un carácter transversal, como transversales son las propias políticas necesarias para abordar el cambio climático.

Prueba de esta transversalidad están hechos como la diversidad de los ámbitos sociales, económicos, académicos, administrativos, políticos, etc. de los convocados por el ministerio para participar en estos debates, así como los temas debatidos. Como también es transversal la composición del Grupo de Trabajo interministerial que elaborará el anteproyecto de ley, y del que forman parte representantes de ocho ministerios: de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, -encargado de la coordinación del trabajo del grupo-; de Energía, Turismo y Agenda Digital; de Asuntos Exteriores y Cooperación;  de Economía, Industria y competitividad; de Fomento; de Hacienda y función Pública; de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad; de Presidencia y para las Administraciones Públicas, además de la Oficina Económica de Presidencia del Gobierno. Este grupo de trabajo se reunió por primera vez en abril pasado.

Antes de que comenzara sus tareas el grupo interministerial, en noviembre de 2016, desde la Comisión de Cambio climático del Congreso de los Diputados, se había instado al Gobierno para que elaborara esta ley. Por unanimidad, no exenta de debates y negociaciones previos, de todos los partidos se aprobó un documento que expresaba el consenso de los grupos en el sentido de que ley integre todas las estrategias y protocolos actuales en materia de cambio climático para que España pueda cumplir con los compromisos asumidos. El acuerdo incluía la propuesta de que vaya acompañada de un plan de transición energética con el objetivo de que España “sea cien por cien renovable en un futuro no muy lejano”.

Para reducir emisiones de gases de efecto invernadero, como es el objetivo del Acuerdo de París, la Ley de Cambio climático, deberá imponer reducciones en sectores diversos como transportes, agricultura y edificación, entre otros, que forman parte de los llamados sectores difusos, y que en España son responsables de casi el 60 por ciento de las emisiones totales. De todos ellos, solamente el transporte genera el 40 por ciento.

Para llegar a estos objetivos, además de la Ley de Cambio climático, el ministerio de Medio Ambiente prevé elaborar un Plan Nacional de Energía y Clima, en el que se marcará la “hoja de ruta” para alcanzar esos objetivos.

A pesar de que una ley de estas características se presenta como el instrumento adecuado a la hora de armonizar las políticas y acciones para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, de acuerdo con los compromisos adquiridos en París por 175 países más la UE, no son muchos los que ya cuentan con leyes marco específicas de cambio climático. En Europa Francia, Reino Unido, Suecia, Escocia y Finlandia,  más Australia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, México y Quebec, tiene ya sus leyes de Cambio climático. En el caso de Alemania han elaborado un plan para reducir sus emisiones entre un 80 y 95 por ciento para 2050.