Nueva normativa para neumáticos fuera de uso, más protección para el medio ambiente

Hace poco más de un mes hace que se publicó en el BOE el Real Decreto Ley 731/2020 sobre la gestión de neumáticos fuera de uso. Un documento que incorpora una serie de novedades que aportan garantías a los consumidores, reparte obligaciones a agentes del sector que antes parecían no tener, suma nuevos productos a la lista de los gestionables, etc. En definitiva, tapa huecos del anterior real decreto, promulgado en 2005, regulador de la gestión de neumáticos fuera de uso, que el tiempo y la experiencia habían dejado la descubierto. No en vano entre uno y otro han pasado 15 años.

De hecho y como en el propio preámbulo del real decreto ley se expresa, era el momento «de abordar la modificación de la norma y dar así respuesta  y a algunos puntos de mejora que han sido identificados tanto por los operadores responsables de su aplicación como por las administraciones encargadas de su control».

Un sistema exitoso pero que ya necesita renovarse

En todo caso, como expresa Margarita Ruiz Saiz-Aja, subdirectora general de Residuos, Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico (MITECO), ha dado buenos resultados y ha contribuido a alcanzar objetivos importantes. «El sistema con que contamos en nuestro país para la recogida y gestión de los neumáticos fuera de uso, constituye posiblemente uno de los ejemplos más claros de éxito en el desarrollo de los principios de la economía circular. No obstante, y tras quince años de vigencia del real decreto de 2005, se han detectado algunos problemas de funcionamiento que es necesario mejorar. A ello hay que añadir que el Gobierno se ha marcado objetivos más ambiciosos para los próximos años, tal como queda reflejado en la Estrategia Española de Economía Circular, España Circular 2030, aprobada el pasado mes de junio. Por ello, el nuevo Real Decreto promovido desde el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, pretende dar respuesta a ambos objetivos».

Se supone que, quien más quien menos, todo el mundo percibe que elaborar un texto legal de este tipo conlleva unos procedimientos y un trabajo preparatorio, que no es una cuestión de generación espontánea. Aun así, quizá no esté de más detallar que requiere mucha e intensa labor previa y mucha aportación de documentación por parte del organismo que lo promueve, en este caso el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico, que reúne los documentos previos, los coordina y valora, para poderlos incluir de manera jurídicamente adecuada y para dejar el menor número de huecos posibles en el texto del decreto ley. En palabras de Ruiz, «la verdad es que aprobar un real decreto no es tarea fácil ni breve. Desde que se inició la consulta pública previa hasta la publicación del real decreto han transcurrido unos 15 meses, incluidos los meses vinculados a la pandemia, donde el trabajo ha podido verse algo afectado».

El proceso, tras la consulta pública previa, en la que también se ofrece a los agentes implicados la oportunidad de hacer llegar sus opiniones y aportaciones, continua con la elaboración de un primer texto articulado, que también se hace público, y al que las diferentes entidades concernidas presentan sus alegaciones. Román Martín, como director de Relaciones Institucionales de Signus, conoce bien ese proceso, «En esta primera fase se trata de analizar cuáles son los problemas y qué soluciones se pueden plantear, oír a todas las partes implicadas y presentar un texto que pueda ser aceptado por la mayor parte de los agentes implicados. Por nuestra parte, hay una comunicación muy fluida, constante y activa con el ministerio y con las comunidades autónomas. Participamos en la consulta previa y hemos presentado nuestros puntos de vista, aportaciones y sugerencias, como todos los agentes implicados, la Federación Española para la Recuperación y el Reciclaje, TNU, las comunidades autónomas, la FEMP, los gestores que operan en el sistema y que dan sus servicios a Signus, etc. Después, el documento ha seguido toda la tramitación de una norma: pasó a las comunidades autónomas, a los ministerios implicados y al Consejo de Estado, hasta que finalmente ha salido publicado en el BOE a primeros de agosto».

Producto local, importado, segunda mano o recauchutado: todos futuros residuos a gestionar

Como operador en el sistema, Signus, ha sido uno de los actores que había detectado los “huecos”, y ha sido también muy activo a la hora de hacer propuestas.  Para Román Martín, «una de las principales cuestiones que se resuelven es la de los neumáticos que entran en el mercado español procedentes exterior, ya sean nuevos, de segundo uso o recauchutados». Este es el punto al que se aludía al principio, con eso de “reparte obligaciones a agentes del sector que antes parecían no tener”. De hecho, como explica Martín, se trataba de «una de las principales demandas que Signus planteaba al ministerio. Porque, desde que iniciamos nuestra actividad ya hace 15 años, nos encontrábamos con una demanda de recogida del residuo muy superior a la que nos declaraban nuestras empresas adheridas, que son los que realmente constituyen nuestra responsabilidad y obligación de gestionar. Pero, la realidad era que a estos se sumaban otros neumáticos que habían llegado al mercado español de reposición a través de importaciones, con los que los importadores no cumplían con la obligación de responsabilidad ampliada del producto». Es decir, que no se hacían responsables de la gestión de esos neumáticos en el momento en que pasan a ser un residuo. La disfunción que introducía esta realidad es importante. Tanto como «un 15 o un 20 por ciento de más. En toneladas, estaríamos hablando, en 2019, de 23.000 recogidas y gestionadas por encima de nuestra obligación, que eran las 170.000 declaradas por nuestras empresas adheridas. Y que nosotros hemos gestionado por una cuestión de responsabilidad, para evitar que ese residuo llegara a ser un problema ambiental. Lo que supone un importante esfuerzo económico y financiero para nuestros productores».

La solución a este problema ha llegado con la creación de la sección de neumáticos dentro del Registro de Productores, «que puede ser una herramienta a utilizar como mecanismo de vigilancia y control para detectar las empresas que no estén cumpliendo con esta norma, reducir lo que para nosotros es el fraude y así poder hacer que el mayor número ellas cumplan con la que es su obligación. Porque la condición de productor está asociada a la primera puesta de neumáticos en el mercado nacional de reposición, ya sean nuevos, nacionales o de importación, usados o recauchutados».

Para Signus, tras la inclusión de los importadores de todo tipo de neumáticos en el Registro de Productores, «lo ideal sería dar un paso más, que no aparece de una forma explícita en el RD, y es que, por ejemplo para todos los neumáticos importados, Aduanas, exigiera al importador un certificado de que está adherido a un sistema integrado de gestión. Porque eso da garantía de que va a gestionar correctamente el residuo que va a generar ese producto que va a poner por primera vez en el mercado».

Los neumáticos de segunda mano con más garantías

Hasta ahora, este tipo de neumáticos, «que están en el mercado y tienen sus consumidores, no tenían ninguna garantía ni un documento que acreditara que  había preparado correctamente para su reutilización y siguiendo unos procedimientos. Sin embargo, ahora se especifica claramente qué es un neumático de segundo uso y que deberán tener un certificado que acredite que un gestor autorizado ha hecho las operaciones necesarias para que cumpla las especificaciones técnicas definidas por la norma UNE 69051. Lo que supone una garantía importante para el consumidor».

A los más grandes también les llegó la hora

Los neumáticos agrícolas, los que llevan los tractores, y los de la maquinaria industrial, sobre todo la de obra civil, «son de grandes dimensiones. Pero, hasta ahora su gestión no esta estaba regulada. Es decir, no había una obligación de gestionarlos y normalmente su gestión no era la correcta. No lo estaban porque en 2005, cuando se dictó el anterior, no había una tecnología y unas soluciones de reciclaje para este tipo de neumáticos. Y, también yo entiendo que cuando se implanta una medida como esta de nuevas se empieza por el residuo más numeroso y común, que en este caso es el de automóviles, y por eso quedó excluido». Este es otro de los huecos que ha venido a tapar el nuevo real decreto, «de hecho, es una modificación importante. Porque las cosas han cambiado en estos años y desde hace algún tiempo ya hay una tecnología para tratar adecuadamente este residuo, por lo que no tenía mucho sentido que estuviera sin regular cuando ya se puede gestionar correctamente, cosa que nosotros hemos planteado. Así que ya están incorporados a la responsabilidad ampliada del productor».