La preocupación por el cuidado del planeta es creciente y buena cuenta de ello es el incremento de delitos medioambientales y el endurecimiento de las penas que aparecen en las legislaciones de diferentes países. Sin embargo, y a pesar de esta situación, los negocios ilegales alrededor del medioambiente son uno de los ilícitos más lucrativos del planeta por lo que la lucha contra ellos debe ser prioritaria ya que constituyen una seria amenaza para la estabilidad climática, la biodiversidad y la salud humana. De nada sirve que las personas y las empresas adoptemos medidas para hacer más sostenible el plantea si estos delitos no son perseguidos.
Los delitos medioambientales más comunes
Hay muchos tipos de delitos contra el medioambiente y todos ellos actúan como un multiplicador de riesgos en la pérdida de biodiversidad, el aumento de las emisiones de gases de efecto invernadero o la contaminación del agua o de los suelos. Estos son algunos de los más importantes:
La pesca ilegal
La pesca ilegal supone 30% de la producción pesquera mundial. Cada año se pescan casi 26 millones de toneladas de forma ilegal según la FAO. Esto no solo supone un grave impacto medioambiental para la salud de mares y océanos, sino que, según la misma organización, provoca pérdidas directas en el sector pesquero de entre 10.000 y 23.000 millones de dólares anuales.
Estas cifras están provocando que muchas especies estén sobreexplotadas, pero además está debilitando la capacidad de los océanos para actuar como sumideros de carbono.
Además, esta actividad golpea especialmente a comunidades costeras de países en desarrollo, que pierden una fuente básica de alimentación de su propia población y suele asociarse a otros delitos como trata de personas o abusos laborales a bordo de los barcos que realizan estas actividades.
Tráfico ilícito de especies
El comercio ilícito de fauna y flora silvestres se considera uno de los mercados criminales más lucrativos del mundo. Según datos de Interpol, esta actividad ilegal genera un rendimiento económico de 20.000 millones de dólares anuales. Tal y como asegura la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, el tráfico ilegal afecta a alrededor de 4.000 especies de plantas y animales, de las cuales unas 3.250 están incluidas en los listados de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES). Este comercio, no solo abarca a los propios animales o plantes sin también a productos como el marfil, los cuernos de rinoceronte, las maderas preciosas o los productos derivados para medicina tradicional, lujo o mascotas exóticas.
El principal problema es que esta actividad ilegal es una de las mayores amenazas directas para la conservación de especies porque combina la extracción intensiva y proporciona a los furtivos unos márgenes muy elevados, lo que incentiva la sobreexplotación de la gran mayoría de todas estas especies. Esto provoca una serie de efectos en cascada sobre ecosistemas completos, degradando bosques, sabanas y arrecifes, y reduciendo la capacidad de estos hábitats para almacenar carbono y regular ciclos hídricos. Además, el contacto creciente entre fauna silvestre, ganado y humanos en cadenas ilegales de suministro está incrementando de forma notable las enfermedades emergentes y que muchas enfermedades, propias de otros ecosistemas o exclusivas de los animales estén pasando a los humanos.
Caza ilegal y furtivismo
Asociado con el delito anterior se encuentra otro como es el de la caza ilegal que afecta tanto a especies emblemáticas como los elefantes o los rinocerontes, como a multitud de especies menos visibles pero igualmente cruciales para los ecosistemas. Sin ir más lejos, en el caso de los rinocerontes el estudio de las Naciones Unidas señala que se está produciendo un repunte del furtivismo ya que la caza de rinocerontes se incrementó en 2023 en torno al 4%.
Y ese incremento, se produce incluso en países donde tienen legislaciones de protección de estas especies y se persigue de forma clara el furtivismo como es el caso de Sudáfrica. También hay legislación en otros países africanos en el que el turismo de safari proporciona buena parte del PIB del país. Todas estas naciones son conscientes de los problemas que acarrea la caza furtiva: pérdida de diversidad genética, desequilibrio de ecosistemas y reducción del atractivo turístico de áreas protegidas.
Tala ilegal y tráfico de madera
La tala ilegal sigue siendo uno de los principales motores de la deforestación global. Interpol estima que la tala ilegal representa entre el 15% y el 30% de la producción maderera mundial y entre el 50% y el 90% de la tala en muchos países tropicales. El valor anual del comercio de madera ilegal se sitúa, según el mismo informe, entre los 51.000 y los 150.000 millones de dólares, lo que la coloca entre los mayores delitos transnacionales por volumen económico, solo por detrás de la falsificación, el comercio de armas y las drogas.
La actividad se concentra sobre todo en la Amazonia, África Central y Asia Sudoriental, así como en ciertas regiones de Rusia y Europa del Este. En muchos de estos países, entre un 40% y más del 70% de la madera talada procede de fuentes ilegales, especialmente en áreas como la Amazonia brasileña, Camerún, Ghana o Indonesia.
Los efectos para la seguridad del planeta son directos: la deforestación masiva reduce la capacidad de los bosques para capturar CO2, altera los regímenes de lluvias, favorece la erosión y las inundaciones y acelera la pérdida de especies.
Gestión ilegal de residuos y tráfico de desechos
El tráfico ilegal de residuos es otro de los negocios ilegales que generan miles de millones. Este delito implica desde el vertido y tratamiento clandestino en países de origen hasta el envío transfronterizo de desechos en violación del Convenio de Basilea que obliga a reducir la generación de residuos, gestionar su eliminación de una forma que no perjudique al medioambiente y restringir su exportación sin consentimiento. El riesgo de este delito tanto para la sostenibilidad como para la salud es enorme ya que los residuos peligrosos mal gestionados contaminan suelos, acuíferos y el aire, liberan sustancias tóxicas y microplásticos y exponen a comunidades vulnerables a metales pesados, dioxinas o contaminantes orgánicos persistentes.
En los últimos años, el Sudeste Asiático se ha convertido en uno de los principales destinos del tráfico mundial de residuos, incluidos plásticos y chatarra, procedentes de Europa, Norteamérica y otras regiones de Asia. Diversos informes de Naciones Unidas señalan que países como Vietnam, Indonesia, Tailandia y Malasia reciben millones de toneladas de residuos, mientras que varios países de Europa occidental figuran entre los exportadores más destacados.
Las soluciones tecnológicas
La lucha contra estos y otros delitos medioambientales pasa, además de por las sanciones y las normativas legales, por utilizar diferentes métodos para evitar que lleguen a producirse. En este sentido, la tecnología es un aliado clave en la lucha contra estos delitos. Por ejemplo, plataformas como Global Fishing Watch emplean satélites e Inteligencia Artificial para rastrear la pesca ilegal en tiempo real, identificando buques sospechosos. Asimismo, para combatir la caza furtiva se emplean drones para luchar contra ella y alertar a los guardabosques de las posibles amenazas.
Asimismo, plataformas como Global Forest Watch monitorizan la deforestación vía satélite mientras que la tecnología blockchain se utiliza para verificar la procedencia de la madera. Estas y otras herramientas suponen una clara ayuda en la reducción de los delitos medioambientales.
